Uruguay es el país latinoamericano en el que menos se vincula el consumo de marihuana con la ejecución de actos delictivos (un 60% con respecto a una media del 79%), y no reporta un aumento mayor de disponibilidad de marihuana a la percibida en otros países de la región.

Además, su consumo estimado de marihuana es del 11%, situándose en la media regional, por debajo de Chile, Costa Rica, México y Argentina.

Así lo revela el último estudio del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión (Opdop) de Asuntos del Sur, presentado ayer. Es el primer y único barómetro dedicado 100% a la temática de políticas de drogas en la región y realizado en alianza con centros de investigación claves en la región, como el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (Ciddh), el Centro de Estudios Cuantitativos de la Usach, el Cesed de la Universidad de los Andes, Friedrich Ebert y la Asociación Costarricense para Estudios e Intervención de Drogas (Aceid), entre muchos otros. El estudio se ha realizado en nueve países de la región.

Por otro lado, el 68% de los uruguayos considera que el uso de drogas debiera ser un derecho individual, y la población lo considera tanto un tema de salud pública, como de seguridad ciudadana. Los jóvenes son más críticos que los adultos con la intervención policial y militar para disminuir el consumo de drogas y el narcotráfico.

Estas tendencias se dan en un contexto de creciente controversia en materia de política de drogas en la región y en un momento en el que varios países latinoamericanos juegan un importante papel en la preparación de las discusiones que tendrán lugar en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (Ungass) en abril de 2016, cuando la Asamblea General se reunirá a discutir un nuevo enfoque de políticas de drogas a nivel internacional.

Tras estos resultados, los analistas del Opdop perciben una crítica a los enfoques prohibicionistas. Eduardo Vergara, fundador del Opdop, destaca la necesidad de mejorar la calidad y sensatez de las políticas educativas y preventivas, que hasta ahora en muchos países se han realizado bajo agendas políticas, conveniencias morales e incluso el gran negocio del tratamiento.

«Por muchos años las campañas del terror frente al uso de droga han polarizado los debates y quitado espacio para el trabajo basado en la evidencia y la realidad social de nuestros países. Es necesario que tanto las instituciones como los actores ligados al prohibicionismo alarmante, hagan un mea culpa del gran daño que le han generado a millones de latinoamericanos» indica.

Fuente: El País