El Estado uruguayo, a través de su Agencia de Compras y Contrataciones, inició el proceso hacia una política de compras públicas sustentables; esto implica que cuando adquiera bienes o servicios evaluará los atributos de los productos con criterios de sustentabilidad. El país fue preseleccionado por 10YFP de PNUMA y recibirá un fondo de US$ 175.000 para desarrollar este plan piloto.

10YFP es el nombre del Programa de Diez Años sobre Consumo y Producción Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Este programa procura mejorar la cooperación internacional para acelerar los cambios hacia el consumo y la producción sostenible con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente, las actividades económicas y la erradicación de la pobreza.

La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), en asociación con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), se presentó a este fondo fiduciario y entre 51 propuestas obtuvo uno de los tres fondos, de 175.000 dólares, para desarrollar un proyecto de compras públicas sustentables.

Evaluación de producto

La directora del proyecto, Natacha Rubinovicz, explicó a la Secretaría de Comunicación que las compras públicas sustentables son los procesos de adquisición en los que el Estado evalúa los atributos de los productos y servicios que contrata, a fin de seleccionar aquellos cuya fabricación y desarrollo cumplan con criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social.

El concepto parte de que actualmente se consumen más recursos de los que el planeta puede crear y se generan más residuos de los que puede asimilar, instancia que pone en riesgo la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. En tal sentido, se promueven políticas de uso racional de los recursos naturales y acciones para disminuir la cantidad de residuos.

El Estado, uno de los principales compradores

Rubinovicz explicó que el Estado es uno de los principales compradores de productos y servicios y que el desarrollo de una política de compras sustentables permite definir las bases para promover la producción de bienes y servicios que atiendan las áreas ambiental, económico y social.

Agregó que, por ejemplo, si se quiere comprar papel, se priorizará que el producto sea reciclable o reciclado y se atenderán las características del gramaje, entre otros atributos. Agregó que se considerará que el producto elegido no genere daños al medio ambiente; que sea una fuente laboral y que se haya obtenido en condiciones sociales y económicas reglamentarias.

Hacia un plan piloto de compras sustentables

La directora del proyecto aclaró que este proceso implica una serie de etapas previo a la creación del plan piloto. La primera etapa consiste en la identificación y recopilación de la reglamentación actual. Los grupos de trabajo cuentan con representantes de los proveedores, de manera que el proceso incluya a todos los actores involucrados, y al mismo tiempo, prepare al mercado para la implantación de la nueva política.

En segundo lugar, comienza la etapa de redacción y propuesta de una política pública a discutir y aprobar en los ámbitos que correspondan.

Una tercera etapa implica la identificación de los productos prioritarios que integrarán la lista de productos por adquirir; se redactarán las especificaciones técnicas de esos productos, para asignarle atributos. Si bien estos productos surgen del análisis de los niveles de consumo, los productos prioritarios más usuales que identificaron otros países son los plásticos, el papel y los servicios de limpieza.

La última etapa trata sobre la capacitación de los funcionarios involucrados en los procesos de adquisiciones y las empresas proveedoras del Estado. La jerarca expresó que ese proceso necesariamente se debe transitar junto con el mercado, porque “de nada sirve poner las especificaciones técnicas en el pliego si el mercado no acompaña”.

Fuente: Presidencia