El Convenio marca las líneas de acción contra las llamadas BEPS.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció ayer que 76 países y jurisdicciones suscribieron o manifestaron «oficialmente su voluntad» de plegarse al Convenio Multilateral que establece líneas de acción para aplicar las medidas del proyecto BEPS —Base Erosion and Profit Shifting Project en inglés, término utilizado para definir las prácticas de evasión y erosión fiscal empresarial—, impulsado por la entidad multilateral.

Uno de los países incluido en este convenio es Uruguay. De hecho, fue publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) junto a una resolución del 2 de mayo pasado, en la cual se autoriza al ministro y subsecretario de Economía, —Danilo Astori y Pablo Ferreri, respectivamente— para suscribir el acuerdo en nombre del Estado uruguayo. Ya en julio del año pasado Uruguay había adherido al proyecto BEPS.

En un comunicado divulgado ayer la OCDE señaló que se espera que «otras tantas jurisdicciones», que ya han manifestado su compromiso a adherirse a este convenio se sumen de manera oficial a fines de 2017.

La organización describió a la firma de ayer como un «importante hito en el ámbito de la fiscalidad internacional», y agregó que «supone estar un paso más cerca de la meta de impedir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS) por parte de las empresas multinacionales».

«La firma, hoy y aquí, de este Convenio Multilateral marca un antes y un después en la historia de los convenios fiscales», sostuvo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

«Vamos camino de conseguir una rápida implementación de las profundas reformas acordadas en virtud del Proyecto BEPS que afectan a más de 1.100 convenios fiscales en todo el mundo, lo que supone una drástica transformación de la forma en que se modifican el contenido y la redacción de tales instrumentos. Aparte de evitarles a los signatarios la necesidad de renegociar bilateralmente estos tratados, el nuevo convenio ofrecerá una mayor seguridad y previsibilidad jurídicas a las empresas y garantizará un mejor funcionamiento del sistema tributario internacional, lo que redundará en beneficio de nuestros ciudadanos», añadió el funcionario.

De acuerdo con lo sostenido por la OCDE, «diversas estimaciones conservadoras» afirman que las prácticas «elusivas» BEPS suponen una pérdida de recaudación por concepto de impuesto sobre sociedades que todos los años oscila entre 4% y 10% del total que se abona por ese tributo. Esto se traduce entre US$ 100.000 millones y US$ 240.000 millones cada año.

Postura.
En septiembre, Ferreri había explicado por qué motivo consideraba necesario que Uruguay se plegara a esta iniciativa de la OCDE.

«Aportar a la transparencia, apostar a un modelo de desarrollo productivo de bienes y de servicios —que se han multiplicado por nueve en los últimos 25 años— es la forma de generar la mayor acción de equidad social», dijo el jerarca del MEF en el marco de la apertura de la reunión regional del marco inclusivo sobre BEPS en América Latina y el Caribe, que se celebró en Montevideo

«La mayor acción de desarrollo social tiene que ver con generar mejor calidad de vida y empleo remunerado», añadió el subsecretario.

De acuerdo con lo que señaló Ferreri en aquella oportunidad los aspectos relacionados a la transparencia fiscal no son «simplemente una gimnasia administrativa, ni simplemente firmar un compromiso de adhesión que han firmado otros países; tienen que ver con un esquema de inserción internacional».

Fuente: El País