“Nuestro Gobierno tiene la iniciativa de regular responsablemente el mercado de cannabis, estableciendo pautas de control del Estado y en el marco de acciones de la Estrategia por la Vida y la Convivencia, que supone acciones para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana”, dijo el vicecanciller Luis Porto.

Una delegación de Uruguay presidida por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto se reunió con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la ONU.

El encuentro responde a la voluntad del gobierno de Uruguay de mantener un diálogo constructivo con la JIFE, tras la aprobación el 20 de diciembre de 2013 de la ley N.° 19.172, sobre regulación, distribución y venta de cannabis.

Porto brindó información sobre la política de drogas en Uruguay. Citó como ejes principales de esta el fortalecimiento de los sistemas de salud y tratamiento del consumidor como sujeto de salud pública, el Estado como promotor de la paz, la intensificación del foco en tráfico ilícito de armas y blanqueo de dinero, y la nueva regulación para algunos cultivos, fundamentos que llevaron a la promulgación de la norma.

Enfatizó que Uruguay tiene un plan de acción sobre drogas y una institucionalidad con presupuesto adecuado y equilibrado. Señaló que se fortalecieron los sistemas de salud en el sector público y en el privado para garantizar el derecho a la salud de usuarios problemáticos de drogas, incluidas las adicciones.

Expresó que el Estado uruguayo es defensor absoluto del derecho internacional. Dijo que nuestro país posee una visión integral del derecho y de las obligaciones asumidas por el país, no solo en el ámbito de las convenciones sobre Estupefacientes de 1961, 1971 y 1988, sino además en el ámbito de la protección de los derechos humanos.

Recalcó que “Uruguay entiende que parte de las políticas de prevención del consumo de drogas y de reducción de la oferta pasan por reconocer que la sustancia es un elemento a considerar, pero más importante es considerar al individuo como sujeto de derecho. A un individuo que la Constitución le ampara en sus derechos como consumidor, pero que, sin embargo, las Convenciones sobre Estupefacientes de 1961, 1971 y 1988 no le amparan en sus derechos, debiendo acudir al narcotráfico para adquirir el cannabis”.

El vicecanciller dijo que Uruguay considera que «el objeto y fin de las convenciones sobre Estupefacientes, sobre todo la de 1988, debe ser combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y en especial combatir el efecto nocivo del narcotráfico».

Porto hizo referencia al Presidente de la República, José Mujica, en su discurso en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de la semana pasada en Cuba: “Nosotros no tenemos ninguna receta mágica, lo que constatamos es que la represión sola no resuelve este problema y lo que tratamos de experimentar es un camino que procure robarle el mercado al narcotráfico”.

Reiteró durante su alocución que con la aprobación de la ley 19.172 se busca establecer un marco normativo que permita regular el mercado del cannabis, a efectos de contribuir a reducir potenciales riesgos y daños en aquellas personas que usan marihuana con fines recreativos o medicinales.

“Al tener que abastecerse en el mercado ilegal, se ven denigrados e involucrados en actividades delictivas y en prácticas de alto riesgo, y se exponen al contacto con drogas toxicológicamente más riesgosas, como por ejemplo la pasta base de cocaína”.

También hizo referencia al discurso de Mujica en la Asamblea General de la ONU en octubre de 2013: «Estamos convencidos de que esta es una guerra desigual, que cada vez se gasta más plata. Solamente los presos por este asunto nos están costando encima de 30 millones de dólares. (…) Nosotros tenemos más muertos por el narcotráfico que por drogadicción. 80 muertos el año pasado por ajustes de cuentas, y tres o cuatro muertos por sobredosis de droga, ninguno por uso indebido de marihuana. Entonces, ¿qué es lo peor, la droga o el narcotráfico?», lanzó como pregunta a la Asamblea de la ONU.

Porto dijo que es con este espíritu que se promueve la ley de regulación del mercado de cannabis, con el propósito de minimizar los riesgos y reducir los daños de su uso, promoviendo información a la población, educación y prevención así como tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios de drogas. Esta regulación estará a cargo del Estado.

En definitiva, “Uruguay entiende que es a través del inicio de políticas más efectivas en esta materia que se debe avanzar, tomando en cuenta para ello los pactos firmados en materia de derechos humanos”, puntualizó el vicecanciller.

Fuente: Presidencia