En medio de casos de contagios récord, Uruguay avanzó con un nuevo incentivo fiscal para seguir atrayendo inversión extranjera. Sucedió en medio de las Fiestas y comienza a generar sus primeras consultas por estos días, pasado el frenesí de fin de año. Se trata de un «premio» para quienes ya se hicieron residentes fiscales y gozaron de algunos años de «vacaciones» fiscales: podrán prorrogarlas por hasta 10 años -como en el nuevo régimen de Luis Lacalle Pou- si invierten en un inmueble.

La intención, explica el tributarista uruguayo Fabián Birnbaum, de FBM Advisory, fue «igualar más las condiciones» para quienes ya gozaban de ciertos beneficios fiscales, pero se mudaron antes de que se aprobara el nuevo régimen, aún más benévolo que el anterior, con el que Lacalle Pou busca atraer millones de dólares de inversión a su país.

La ley permite extender las «vacaciones fiscales» por 10 años por el pago de rendimientos en el exterior. «Esto aplica para aquellos residentes que ya hubieran hecho la opción en el pasado y realicen una inversión en inmuebles por un total de 3.500.000 unidades indexadas (aproximadamente US$380.000) y permanezcan en el país durante 60 días», explica el especialista.

Desde 2011, según Birnbaum, quienes se convertían en residentes fiscales en Uruguay podían optar por no pagar IRPF (Impuesto a las Rentas de Personas Físicas) por los rendimientos de capital mobiliario en el exterior por un lapso de cinco años.

En septiembre de 2020, las vacaciones fiscales se extendieron por 10 años y en ese momento se buscó incluir a quienes ya habían sido beneficiados con algunos años de «vacaciones», pero finalmente no se llegó a un acuerdo para hacerlo. Finalmente, se incluyó la condición de la inversión en inmuebles para poder renovar el período.

Caen las consultas

Birnbaum admite que, si bien la noticia generó interés en quienes ya residen, ya que a ellos apunta este beneficio, por el momento no hay mayores movimientos por parte de argentinos que quieran cruzar el charco. Asegura que la situación epidemiológica no ayuda demasiado.

Los tributaristas argentinos coinciden. Señalan que la mayoría de los argentinos que perdieron su residencia fiscal local y ganaron la uruguaya terminaron el trámite antes de la aprobación del «impuesto a la riqueza», a mediados de diciembre pasado, y antes de que terminara el período fiscal de 2020, el 31 de diciembre.

Según datos de AFIP, en los primeros nueve meses de 2020 hubo 229 contribuyentes que perdieron su residencia fiscal argentina y adquirieron la uruguaya.

A pesar de la ralentización de las consultas por parte de argentinos, el plan del gobierno uruguayo no se detiene. A fines de noviembre pasado, el gobierno de Lacalle Pou emitió una nueva señal para atraer a inversores argentinos y bajó el piso de la inversión necesaria para acceder a los beneficios fiscales por construcción de inmuebles en Uruguay.

Con una inversión de aproximadamente US$2,25 millones los inversores o desarrolladores acceden a una exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (Impuesto a las Ganancias) equivalente a un porcentaje de la inversión que realicen; una exoneración de los tributos en la importación de equipos, máquinas y materiales; un crédito del IVA incluido en esas adquisiciones; y una exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes inmuebles por ocho años si el proyecto se ubica en Montevideo y de 10 años si se radica en el Interior del país.

 

Fuente: La Nación