Implementará reformas que beneficiarán al conjunto de los hogares y empresas, con foco en la población de menores ingresos y en las PYMEs.
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de US$250 millones para financiar un programa de reformas, cuyo objetivo es mejorar la contribución del sistema financiero al crecimiento de Uruguay.
El programa apoyará la mejora en la regulación y supervisión financiera, el desarrollo de regulación e instrumentos para promover la inclusión financiera de hogares y empresas, y el fortalecimiento de las instituciones y regulaciones dedicadas a proveer financiamiento de largo plazo.
“El programa reconoce e impulsa las acciones que en materia de mejora de la regulación y de la inclusión financiera está realizando Uruguay. Esto contribuye al país en la necesaria estrategia de enfrentar el doble reto de proporcionar estabilidad y credibilidad al sistema financiero, a la vez que desarrollar las políticas que permiten a empresas y hogares beneficiarse de un mayor acceso a los instrumentos financieros”, dijo Joan Prats, jefe del equipo del proyecto del BID.
Se espera que este programa beneficie al conjunto de actores de la economía y su componente de inclusión financiera enfatiza en la población de la base de la pirámide con el fin reducir su vulnerabilidad. Del mismo modo, su componente de financiamiento para el desarrollo productivo enfatiza en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y el financiamiento de proyectos a largo plazo a través de alianzas público privadas.
El programa buscará asegurar un contexto macroeconómico congruente con sus objetivos, el fortalecimiento de la la regulación y supervisión financiera, reforzar la estabilidad del sistema financiero uruguayo mediante el fortalecimiento de sus organismos reguladores, así como la mejora de la transparencia financiera y de la regulación de los fondos de pensiones y del sector seguros.
También apoyará reformas que incluyen la definición de un marco regulador de inclusión financiera como mecanismo para el desarrollo e inclusión social, el desarrollo reglamentario de medidas que promueven la universalización del acceso y uso de los servicios financieros básicos, y el desarrollo de nuevos instrumentos e incentivos para promover la eficiencia del sistema de pagos.
Adicionalmente, promoverá el fortalecimiento de las instituciones y regulaciones financieras para el desarrollo productivo, con objeto de aumentar la inversión privada y mejorar la eficiencia de la inversión pública.
En este sentido, apoyará la regulación del mercado de capitales para mejorar su papel como instrumento de financiación de largo plazo, el fortalecimiento de la banca pública para mejorar su eficiencia y objetivo de financiación para el desarrollo, y el impulso a las alianzas público-privadas para incrementar el financiamiento de largo plazo destinado a la inversión productiva.
Las acciones previstas incluyen, asimismo, apoyo al fortalecimiento de la eficiencia de las empresas públicas para mejorar su eficiencia en la inversión y la gestión, y la efectiva implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública.
El crédito del BID de US$250 millones tiene la opción de retiro diferido, cuenta con un plazo de 20 años, un período de retiro de 3 años y una tasa de interés basada en LIBOR.
Fuente: BID