Con 50 votos en 96 se aprobó el miércoles 31 la ley de regulación, venta y control del mercado de la marihuana en Uruguay. El debate sobre la ley continuará en la Cámara de Senadores. El Poder Ejecutivo apunta a regular también el consumo y la distribución de alcohol.

La nueva legislación, que comprende la regulación estatal del mercado de la marihuana, mediante la creación del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), establece que será el Estado el encargado de autorizar a los establecimientos que produzcan y/o vendan marihuana para abastecer la compra directa y el uso medicinal, ésta última mediante receta médica. El texto establece que cada persona podrá acceder a «un máximo de 40 gramos de flor de marihuana por mes, en los dispensarios creados». Al mismo tiempo se autoriza el autocultivo con un máximo de 6 plantas por hogar; o a integrar un club de membresía con un mínimo de 15 integrantes y un máximo de 45, teniendo hasta 6 plantas cada uno.

Quienes produzcan sin autorización y/o vendan a menores de 18 años pueden ser condenados a la pena vigente de entre 20 meses a 10 años de cárcel, con agravantes en caso de suministro a menores.

El proyecto también exige que se realicen campañas de educación en riesgos y daños, desde la concepción de un consumo cuidado y la prevención de usos problemáticos.

Respecto a los recursos generados por la venta de marihuana, la ley señala que se destinarán a crear políticas educativas y de salud con foco en la prevención y tratamiento del uso problemático de drogas; además de desarrollar investigaciones y estudios para conocer esta sustancia, sumado a un monitoreo permanente del funcionamiento del sistema.

Casi en simultáneo con la media sanción de la ley, el Poder Ejecutivo envío al parlamento un proyecto que apunta a regular el consumo y la distribución de alcohol y prevé la creación de una Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas, según publicó el diario El País. Esta Unidad dependerá de Presidencia y “tendrá como finalidad promover y proponer acciones tendientes a gestionar los riesgos y reducir los daños asociados al consumo problemático de bebidas alcohólicas”.

Fuente: UYPRESS y El País