El gobierno trabaja “fuertemente” para establecer controles de distribución y trazabilidad de la sustancia.

El Estado uruguayo pretende quedarse con una “parte sustancial” del dinero que genera el mercado ilegal de la marihuana que, según el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, oscila entre “30 ó 40 millones de dólares anuales”.

En una entrevista con una revista chilena, Calzada señaló que la ley será sancionada por el Parlamento a mediados de este mes de noviembre. La norma ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y “después de aprobada la ley, hay 180 días de plazo (para su promulgación de parte del Poder Ejecutivo) con lo que tendría que ser antes de que termine el primer semestre del año que viene”.

El funcionario de la Junta Nacional de Drogas aclaró al medio trasandino que uno de los elementos más importantes que estará vigente una vez promulgada la ley de regulación del cannabis es lo concerniente a la seguridad y la represión al mercado ilegal. Entiende que se debe crear una “institucionalidad”, señaló, “hay que crear las formas de garantizar a los ciudadanos de Uruguay que lo que se produzca legalmente no va a terminar en el mercado negro y asegurar a los países de la región que nuestro producto no termine fuera de nuestras fronteras”. Adelantó que se está trabajando “fuertemente” en los controles de distribución y trazabilidad de la sustancia “para que no tengamos problemas”.

Calzada destacó que la forma de que esta ley sea exitosa es que los controles sean “tanto o más estrictos que hasta ahora”. “Si nosotros no logramos aumentarle el riesgo al narcotráfico de producir marihuana ilegal en Uruguay, vamos a tener un competidor muy fuerte. Y en esto hay trabajo para todos”. Calzada confirmó además que representantes de la industria farmacéutica mundial se entrevistaron con el gobierno a fin de obtener la correspondiente licencia para producir cannabis en nuestro país.

“Nosotros hemos tenido entrevistas con gente de laboratorios interesados en producir marihuana con fines terapéuticos como Sativex, un producto oncológico que está interesado en producir en Uruguay porque no existen muchos lugares donde hacerlo, o Marinol, que también está interesado”. Ilustró que también está el tema de que “hay países que no tienen su demanda satisfecha de consumo de marihuana. Canadá, por ejemplo, consume 183 toneladas de marihuana al año, y no alcanzan a producirla toda ellos mismos. Ellos tienen interés”. El jerarca desestimó además la posibilidad que el Estado proceda a embarcarse en la regulación de otras drogas, como la pasta base o la cocaína o LSD.

Destacó que en Uruguay el consumo de alcohol tiene una prevalencia en el 82% de la población, el tabaco un 33% y la marihuana, un 14% de prevalencia. “Claro que hay otras sustancias que se consumen de manera artesanal, como hongos o plantas, u otras en las que interviene un aparato productivo, como la cocaína o el LSD, pero que tienen un índice de prevalencia que no llega a 1%. A estas sustancias hay que abordarlas desde otra perspectiva”, dijo, ejemplificando con que la pasta base y su relación con la cocaína “es como tener alcohol adulterado con etanol, y su producción representa un riesgo sanitario para la sociedad, un delito de la salud pública”.

Pasta base

“La pasta base no se podría regular porque simplemente es un producto no apto para el consumo humano. En este sentido, tendrías que avanzar regulando el clorhidrato de cocaína, pero para esto es imprescindible una regulación más global. Occidente tiene este desafío, porque hoy en Europa aparecen cinco sustancias por día”.

Fuente: La República