Si bien internet y la tecnología en general suelen ser sinónimos de inclusión social, plantean barreras físicas y virtuales que impiden el acceso, sobre todo a personas que sufren discapacidades. Aunque continúa lejos de la meta, el país ya empezó a trabajar por una web que sea para todos.
Internet es democrática. Pone la información a disposición de todas las personas, que solo deben hacer clic para acceder a ella. A no ser que esa persona no pueda mover las manos para hacer clic, o que no pueda ver la pantalla, escuchar la información hablada o que sea incapaz de comprender lo que la web dice. Mientras internet y la tecnología en la que vive no cuenten con rampas digitales que garanticen el acceso también a quienes poseen alguna discapacidad, la red es de la mayoría, pero no de todos.
Es que, así como un arquitecto proyecta un edificio con pasillos lo suficientemente anchos para una silla de ruedas, la web necesita tomar medidas para ser accesible.
Frente a países como España y Argentina, que cuentan con una ley de accesibilidad web, Uruguay tiene un proyecto de ley dormido, que todavía no fue tratado por el Parlamento. La propuesta data de 2009 y hasta el momento solo cuenta con el visto bueno de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). En tanto, garantizar el acceso a los sitios en internet y su usabilidad está en manos de cada uno al momento de crear un sitio, más allá de que sea obligatorio o no.
Aun así, el concepto de “accesibilidad universal” va tomando forma y fuerza en Uruguay. En los últimos años, distintas iniciativas gubernamentales y de fundaciones intentan eliminar o al menos mitigar las barreras (tanto físicas como virtuales) de acceso a la tecnología.
Esto implica intentar que “el mayor número de personas” pueda acceder a la web “independientemente de sus limitaciones o las derivadas de su entorno”, explicó la ingeniera de Agesic, Silvia Da Rosa.
Es decir, no solo se refiere a personas con alguna discapacidad, sino a adultos mayores, personas con bajo nivel de alfabetización, que no hablen el idioma o pertenezcan a otra cultura.
El acceso también debe ser independiente de la tecnología que se utilice: no puede depender de que esta sea “demasiado nueva o vieja”, ni del ancho de banda, la versión de un programa o el último modelo de celular o tableta, explicó la experta.
Fuente: Suplemento Cromo del El Observador
