Uruguay pasó a tener menos tierra que mar después que la Convención del Derecho del Mar, organismo que funciona en la esfera de Naciones Unidas, le otorgó el 30 de agosto la extensión de la plataforma continental hasta casi las 300 millas.
De esta forma, el país agranda en 83 mil kilómetros cuadrados su plataforma continental lo cual puede constituir una oportunidad para explorar y explotar los recursos minerales que están por debajo del suelo marino, informó ayer en conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa.
Con éste agregado, por ejemplo, Ancap podrá continuar con la prospección de hidrocarburos por fuera del límite de 200 millas náuticas que hasta el momento exhibía la plataforma continental uruguaya.
El canciller explicó que en ese espacio de mar, Uruguay es el «tender único y exclusivo» de los recursos que están por debajo del suelo marino, lo cual descarta la explotación de la pesca. «Nadie puede hacer nada sin la autorización del Uruguay», subrayó Nin Novoa. El gobierno aún debe fijar el límite lateral de la plataforma continental con Argentina.
El jefe de la diplomacia uruguaya dijo que éste tema requiere la preparación de varios ministerios, la adquisición de equipamiento así como barcos que puedan cumplir tareas de custodia dado que Uruguay tendrá ahora la soberanía sobre ese espacio del planeta.
En la Armada se espera que el Poder Ejecutivo dote de recursos materiales a esa fuerza para poder cumplir con su cometido, dada la nueva responsabilidad que ese cuerpo absorberá. Esas aguas seguirán siendo libres para la navegación, pero el país deberá vigilar que ningún otro estado u organización explote ese territorio sin su expresa autorización.
El proceso comenzó en el año 2009 con una presentación que la comisión uruguaya, encabezada por el embajador Carlos Mata Prates, hizo ante una comisión internacional de 21 integrantes compuesta mayoritariamente por geólogos, hidrólogos y geofísicos que habrían de evaluar si las pruebas que presentaba Uruguay reunía los méritos suficientes para conceder esa extensión.
Entre los años 2011 y 2015, la delegación honoraria uruguaya -integrada por Relaciones Exteriores, Industria, Ganadería, Agricultura y Pesca, Defensa y Ancap- se reunió en 11 ocasiones con una subcomisión de siete científicos que estudiaron específicamente el caso uruguayo.
La Convención del Derecho del Mar había dado un plazo de 10 años para que aquellos países que estaban en condiciones de reclamar ésta extensión hicieran la gestión. Ese plazo venció en mayo de 2009.
Mata Prates dijo a El Observador que el proceso fue «una carrera de resistencia» y valoró que la comisión uruguaya trabajó con «responsabilidad» y «profesionalismo».
El diplomático señaló que con éste logro pone al país como pionero en América del Sur en cuanto a recibir una recomendación que abarque toda su costa.
Mata Prates valoró que aunque los 3500 metros de profundidad hoy no sean rentables de explotar, ésta noticia tendrá un impacto fundamental en el futuro cuando el avance de la tecnología permita sacar mayores réditos de ese espacio.
Fuente: El Observador