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Uruguay es visto como un país poco corrupto en las Américas

La percepción sobre la incidencia de la corrupción es de 6% en la Justicia, 38% en los partidos políticos y 50% en la Policía, según una encuesta entre ejecutivos empresariales.

En Brasil, decenas de compañías y cientos de empresarios se vieron envueltos en escándalos de corrupción que alcanzaron también los puestos más altos del gobierno, incluida la suspendida presidenta Dilma Rousseff. Otras investigaciones de gran escala que involucran a Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela sugieren que los riesgos se han generalizado, sostiene el estudio jurídico estadounidense Miller & Chevalier.

Uruguay, mientras tanto, aparece en una posición no tan incómoda a los ojos de los ejecutivos que respondieron a la encuesta realizada por ese bufete en alianza con otros estudios de la región: algo más de la mitad (53%) cree que las normas anticorrupción son efectivas —frente a un promedio de 33% en América Latina. Además, la percepción acerca de este tipo de delitos en la Justicia uruguaya es relativamente baja (6%), aunque alcanza niveles un poco mayores respecto al Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales (19% en ambos casos), en el Parlamento (30%) y los partidos políticos (38%).

En las empresas públicas ronda el 45%, en la Policía 50% y en la Aduana los que ven corrupción llegan a 61%. Son niveles bajos comparados con los de los otros países analizados.

En Uruguay, el cuestionario fue dirigido a directores, gerentes generales, oficiales de cumplimiento o abogados encargados de asuntos legales de 25 empresas de gran porte de distintos sectores —aseguradoras, laboratorios, constructoras, agroindustrias, etc.— con algo en común: tener algún vínculo de actividad con el Estado. El sondeo se efectuó entre abril y mayo pasado, y los resultados estuvieron prontos este mes.

Una pregunta fue abierta a los participantes del sondeo en los 19 países. Según su propia experiencia en el mundo de los negocios, para algo más de la mitad (57%) la corrupción no sería un “obstáculo significativo” en Uruguay. Otro 35% cree que podría ser un “obstáculo ocasional” y 8% lo visualiza como algo “significativo”.

Uno de los socios de Miller & Chevalier fue Ferrere, que colaboró para la encuesta en Uruguay y también en otros tres países donde el estudio tiene presencia.

Los resultados de este estudio son consistentes con otros que abordan el tema. En 2015, Uruguay figuró con 73 puntos, en un máximo de 100 (“muy limpio”), en el índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional combinando variables como la libertad de prensa, acceso a la información sobre presupuestos, niveles de integridad en los cargos públicos e independencia del Poder Judicial. Eso lo posicionó 21º en un ranking que abarcó 168 países.

Un “perfil” sobre Uruguay difundido en mayo pasado por esa organización no gubernamental identifica varias áreas que ofrecen “oportunidades para la corrupción”, como las empresas estatales y la administración pública en general. El informe alude al caso de las pérdidas sufridas por Ancap y la denuncia de supuestas irregularidades presentada ante la Justicia por partidos políticos de oposición.

El analista de Transparencia Internacional también se refiere al sector financiero uruguayo y figuras societarias que preservan el anonimato de los accionistas como otras áreas de riesgo. En ese sentido, señala que ha sido mencionado en algunos escándalos internacionales de corrupción y evasión de impuestos en otros países realizados a través de cuentas bancarias o sociedades off shore radicadas en Uruguay.

Categorización

En la encuesta de Miller & Chevalier participaron 637 ejecutivos de negocios y abogados internos que trabajan en Estados Unidos y América Latina. El sondeo apuntó a determinar el alcance de la corrupción en sus respectivos países y en aquellos en los que sus compañías operan, así como también sobre la efectividad percibida de las normas anticorrupción locales y cómo enfrentan este problema las empresas. Los resultados no son muy distintos de los que arrojaron los dos anteriores, efectuados en 2008 y 2012.

En términos generales, las normas anticorrupción en América Latina se perciben como inefectivas: esa es la visión de 77% de los encuestados. Dicha proporción era algo menor (71%) en el sondeo realizado cuatro años antes. República Dominicana (4%), Argentina (3%) y Venezuela (0%) tienen los esquemas anticorrupción peor evaluados en términos de su efectividad.

A nivel regional, aumentó algo (de 44% en 2012 a 48% ahora) el porcentaje que piensa que la corrupción es un obstáculo importante al momento de desarrollar una actividad empresarial. De hecho, más de la mitad (52%) creen que ha perdido negocios frente a competidores que pagan sobornos para obtener ventajas; a su vez, el 71% de los que sí informaron dichas conductas a las autoridades aseguraron que el gobierno no llevó a cabo la investigación correspondiente.

Con varios políticos y empresarios enjuiciados en los últimos años, en Brasil saltó la proporción de encuestados que creen posible que un corrupto sea procesado por la Justicia: pasó de 15% en 2008, a 75% en 2012 y a 90% en 2016. Para Uruguay, los que respondieron afirmativamente este año fueron 63%.

En el promedio de la región, el porcentaje de encuestados cuyas compañías toman medidas para acotar los riesgos de participación en casos de soborno a funcionarios para conseguir algún beneficio aumentaron de 77% en el primer sondeo a 85% en el segundo y a 87% en el de 2016. Esto puede deberse a la continua promoción por parte de Estados Unidos y otras agencias de aplicación de programas de cumplimiento contra la corrupción, así como la presión de los propios actores del mercado (socios comerciales, auditores externos, etc.), afirma Miller & Chevalier.

Uruguay es considerado como “desarrollado” en cuanto a la madurez de la aplicación de prácticas anticorrupción, al igual que Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú; Brasil, Colombia, México y Estados Unidos están en una categoría superior. Mientras, Bolivia, Paraguay y Venezuela, junto a varios países centroamericanos, son clasificados como “menos desarrollados”.

Carla Arellano, abogada de Ferrere responsable del sondeo para Uruguay hecho en alianza con Miller & Chevalier, dijo a Búsqueda que “el dictado de normas no hace a la percepción sobre la corrupción sino las conductas efectivas”.

Fuente: Búsqueda

2016-08-24T14:08:32-03:00agosto 24, 2016|Categorías: Sociedad|Etiquetas: |